Compras Públicas Inclusivas y la Dinamización de las PYME

Resumen.

Las compras públicas en América Latina y el Caribe representan, en promedio, el 8,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Ecuador representan cerca del doble de ese promedio, con 16 % del PIB. En este campo, las compras públicas inclusivas tienen la potencialidad de abordar barreras estructurales y mejorar el impacto social del gasto público. El objetivo de este documento es analizar las compras públicas inclusivas y la dinamización de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el Ecuador. Para ello, se emplea una metodología cuantitativa que se fundamenta en información primaria recopilada en 553 empresas a nivel nacional entre mayo y julio de 2025. Los principales hallazgos del estudio indican que la participación en las compras públicas de las pequeñas y medianas empresas depende de la percepción ética, del tamaño de la empresa y de la capacidad del talento humano.

Palabras clave:

compras públicas; PYME; ética; talento humano; contratación pública.

Abstract.

Public procurement in Latin America and the Caribbean represents an average of 8.6% of Gross Domestic Product (GDP), while in Ecuador it accounts for nearly twice that figure, reaching 16% of GDP. Within this framework, inclusive public procurement has the potential to address structural barriers and enhance the social impact of public expenditure. The aim of this study is to analyze inclusive public procurement, and its role in fostering the dynamization of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ecuador. A quantitative methodology was applied, drawing on primary data collected from 553 companies nationwide between May and July 2025. The main findings indicate that SME participation in public procurement processes depends on ethical perception, firm size, and the capacity of human talent.

Keywords:

public procurement; SME; ethics; human capital; public contracting.

Introducción

Las compras públicas inclusivas tienen la potencialidad de permitir que sectores tradicionalmente excluidos del sistema participen en esta acción estatal. En este campo, existen diversos grupos que pueden beneficiarse de la inclusión, como los negocios liderados por mujeres, los negocios locales y los de sectores vulnerables. En ese sentido, las compras públicas emergen como un instrumento de política pública que genera incentivos estatales para dinamizar, por ejemplo, a las PYMES, representando una opción estratégica que, de manera integrada, puede conducir a dichas empresas a una mejora sistémica de su competitividad.

Esta acción de apoyo estatal, si es bien enfocada, puede ayudar a cambiar el efecto negativo que genera a la competitividad -por ejemplo, de las PYME- la dificultad de acceso al mercado de bienes y servicios (Llisterri 2002, 3); ya que “el sistema de adquisiciones estatales representa una herramienta de gestión pública que trasciende la mera obtención de productos y servicios para las instituciones gubernamentales” (Uriña y Alvarado 2025, 1534). En ese sentido, la acción gubernamental puede ayudar a la evolución de los sectores productivos a través del fomento de la innovación y la corrección de las fallas de mercado (Loría y López 1999, 5).

El objetivo de este documento es analizar las compras públicas inclusivas y la dinamización de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el Ecuador. Para ello, se emplea una metodología cuantitativa que se fundamenta en información primaria recopilada en 553 empresas a nivel nacional entre mayo y julio de 2025. En este proceso se utilizan pruebas estadísticas para determinar si existen diferencias entre las pequeñas y medianas empresas.

El documento se compone de las siguientes secciones: 1. Introducción. 2. Marco Teórico, en donde se revisa las compras públicas inclusivas y el desarrollo de las PYME. 3. Metodología, en la que se presenta la base de datos empleada en el estudio y sus características. 4. Resultados, donde se muestran los hallazgos principales del estudio asociados a las compras públicas y a las PYME, y 5. Conclusiones.

Marco teórico

Compras Públicas Inclusivas

Las compras públicas en América Latina y el Caribe representan, en promedio, el 8,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a alrededor de $450.000 millones de dólares. Este gasto en compras públicas resulta inferior al de los países desarrollados de la OECD, donde el promedio llega al 14 % del PIB. Dentro de los países de la región existe diversidad: Guatemala, que representa alrededor del 4%; Brasil, cerca del 8%; y Ecuador, que representa cerca del doble de ese promedio, con 16 % del PIB (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).

Un problema de las compras públicas es la corrupción. Las estimaciones de pérdidas por corrupción para la Unión Europea oscilan entre el 7% y el 25% de lo destinado a la compra pública. Para América Latina no existen estimaciones recientes, pero, considerando que los índices de corrupción latinoamericanos superan a los europeos, podría inferirse que la corrupción en compras públicas de la región supera el 2,5% del PIB (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).

Una medida empleada para evitar la corrupción y la ineficiencia en la región latinoamericana ha sido la incorporación de medios electrónicos en las compras públicas (Harper, Calderón y Muñoz 2016). Sin embargo, todavía los resultados de esa implementación son diversos en la región y denotan limitaciones en la lucha contra la corrupción. Para ello, se recomiendan ocho elementos en las compras públicas: i) planificación, ii) coordinación, iii) competencia, iv) tecnología digital, v) transparencia, vi) profesionalización, vii) evaluación, y viii) monitoreo y control.

Las compras públicas inclusivas tienen la potencialidad de permitir que sectores tradicionalmente excluidos del sistema participen en esta acción estatal. En este proceso pueden reducir brechas estructurales mediante la incorporación de sectores diversos. En esa línea, emergen también como ese espacio en el que se pueden mejorar los resultados de transparencia al incorporar nuevos actores. En este campo, existen diversos grupos que pueden beneficiarse de la inclusión, como los negocios liderados por mujeres, los negocios locales y los de sectores vulnerables.

Por una parte, un ejemplo de compras públicas inclusivas es incorporar negocios liderados por mujeres. En ese sentido se considera que “las adquisiciones gubernamentales sean una herramienta para la recuperación de las empresas lideradas por mujeres al tiempo que fomenta el emprendimiento en el contexto de la recuperación” (ONU 2022, 2). Del 8,6% del PIB que representan las compras públicas en la región, se estima que solo el 1% del PIB corresponde a negocios liderados por mujeres (ITC 2014). De acuerdo al tamaño de la empresa, se estima que una de cada tres micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) está dirigida o es propiedad de una mujer, donde “las mujeres administran entre el 25%–43% de las micro y pequeñas empresas y el 26%–29% de las empresas medianas” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019, 2).

En este campo, resultan importantes las políticas de adquisiciones con perspectiva de género para favorecer la inclusión de empresas lideradas por mujeres. Este proceso se considera que debe superar algunas barreras de mercado relacionadas con la baja participación de las mujeres en la economía productiva, el acceso limitado a recursos financieros, limitado acceso a nuevos mercados. Al mismo tiempo, es necesario superar barreras derivadas de los procesos de contratación pública, asociadas con la legislación y políticas suficientes, información disponible y la incorporación de contratación electrónica, tiempo limitado de las convocatorias y sensibilización a compradores públicos (ONU, 2022).

Por otra parte, un ejemplo de compras públicas inclusivas locales es lo que realiza el Programa Mundial de Alimentos en América Latina. Este caso permite visualizar una dinámica diversa de la incorporación de las comunidades territoriales en un contexto más nacional y mundial, en donde la creación de incentivos tiene un rol importante. Este estudio encuentra un impacto palpable de las compras inclusivas en el empleo generado en las localidades al comprar productos de sus zonas, lo que representa alrededor del 27% en el escenario más conservador. Sin embargo, todavía las compras inclusivas representan un cuarto del volumen de compras locales, lo cual desafortunadamente implica un retroceso importante al comparar con cifras de hace diez años atrás.

En este proceso, la compra inclusiva ha sido un “proceso difícil y lento de implementar” (Namdar y Saa, 2024, 8). Para ello, se recomienda que las compras inclusivas se adapten a los distintos niveles de desarrollo de los productores locales, identifiquen a los proveedores con mayores probabilidades de éxito, establezcan alianzas con los sectores privados para generar una colaboración justa y entiendan la compra inclusiva como un proceso que requiere progresividad y sostenibilidad.

En ese sentido, la compra pública inclusiva es un espacio clave para abordar barreras estructurales para los distintos grupos tradicionalmente excluidos. Existen beneficios palpables de su incorporación a través de la política pública, lo cual termina mejorando el número de trabajadores y las ventas de las empresas incorporadas al sistema económico.

De aquello, se puede afirmar que las compras inclusivas permiten mejorar el impacto social con multiplicadores económicos para toda la sociedad, donde el poder de compra público se usa en beneficio de la colectividad. Este espacio es un campo clave para las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del tejido productivo en América Latina.

Desarrollo y dinamización de las PYME

En medio de las necesidades de incentivos estatales para dinamizar a las PYME, emerge la mixtura de políticas públicas con programas y proyectos dirigidos al desarrollo de servicios financieros y no financieros como esa opción estratégica que, de manera integrada, conduzca a este tipo de empresas a una mejora sistémica de su competitividad.

Por ejemplo, junto a una gama diversa de servicios de desarrollo empresarial -con énfasis en formación y asesoría experta-, la promoción de un ecosistema de financiamiento especializado para PYME se podría convertir en un potenciador de la competitividad sectorial gracias a que existe en operación un “conjunto interrelacionado de actores, instrumentos, políticas y condiciones institucionales que facilitan (o restringen) el acceso de las pequeñas y medianas empresas a recursos financieros en sus distintas etapas de desarrollo” (Oddone y Stola 2025, 6).

Entre los servicios financieros especializados para dinamizar a las PYME están, por ejemplo, el acceso a recursos semilla para emprendedores y, luego, cuando el negocio ya está en operación, a fuentes de financiamiento de riesgo que ayuden al crecimiento de las empresas tanto en el mercado nacional como internacional. También, los fondos de garantía crediticia -por su estructura y propósito- se convierten, desde la óptica inclusiva, en el respaldo financiero para que, actores productivos de menor tamaño, puedan acceder a financiamiento.

En este accionar desde el ámbito financiero es clave que “las políticas e instrumentos de financiamiento a las pymes no deberían operar en el vacío, sino ser parte estructural de las políticas de desarrollo productivo y de las estrategias destinadas al fortalecimiento de cadenas de valor de una región o país” (Odonne y Stola 2025, 10).

Ahora claro, cuando el Estado se involucra lo debe hacer bajo una política de incentivos que, considerando la realidad del tejido productivo, se conviertan en dinamizadores de la producción y comercialización de bienes y/o servicios que, dentro del mercado local y nacional, pueden tener una mayor demanda gracias a las compras que hacen las instituciones integrantes del gobierno central y los gobiernos locales; generándose, así, espacios para estimular el fortalecimiento de las PYME; ya que, por ejemplo, en ámbitos como la comercialización de productos, “la ineficiencia de los canales de distribución y los problemas de concentración dificultan la competencia de las PYME en los mercados locales” (Llisterri 2002, 5).

De ahí, el objetivo estratégico que busca desarrollar y dinamizar a las PYME -gracias a la acción pública generada por los gobiernos locales y el gobierno central-, tiene como herramienta directa a las políticas públicas que, desde la acción financiera y no financiera, estimulen el mejoramiento integrado de la calidad, productividad e innovación empresarial que, sistémicamente, podrían ayudar a la comprensión y acción sobre tres variables caracterizadoras del desempeño de las pequeñas y medianas empresas: producción, productividad y empleo (CEPAL 2001, 11).

Y, precisamente, una línea de apoyo, desde las políticas públicas, son los programas y proyectos que, con fines de compras estatales, se puedan emprender para generar oportunidades de venta a las pequeñas y medianas empresas que, por su perfil e incidencia, tienen una presencia representativa en términos de número de establecimientos y de generación de fuentes de trabajo.

Esta acción de apoyo estatal, si es bien enfocada, puede ayudar a cambiar el efecto negativo que genera a la competitividad -por ejemplo, de las PYME- la dificultad de acceso al mercado de bienes y servicios (Llisterri 2002, 3); ya que “el sistema de adquisiciones estatales representa una herramienta de gestión pública que trasciende la mera obtención de productos y servicios para las instituciones gubernamentales” (Uriña y Alvarado 2025, 1534).

Emergiendo, así, la necesidad del involucramiento del Estado, como comprador de bienes y/o servicios, bajo un perfil operativo estratégico distinto al que tiene en los procesos de contratación pública tradicional (Pérez y Barreto 2025, 78); enfatizando en la creación de incentivos que, desde las compras públicas, ayuden a la consolidación de una economía nacional inclusiva y sostenible (Lozano 2025, 111).

Para que las compras públicas dirigidas a fortalecer a las PYME tengan mayor impacto, es necesario que, los actores privados o públicos interesados en ese fortalecimiento, pueden actuar en doble vía, por un lado, ayudando a los sectores empresariales a estandarizar y mejorar la producción en términos de calidad, productividad e innovación y, por otro, a apoyar en las tareas de negociación, vínculo comercial y cumplimiento de requisitos sobre el uso de plataformas digitales y de la aplicación de normativa especializada en contratación pública exigida por entidades gubernamentales nacionales o locales.

Como se aprecia, la acción gubernamental puede ayudar a la evolución de los sectores productivos a través del fomento de la innovación y la corrección de las fallas de mercado (Loría y López 1999, 5) y, así, consolidar tejidos productivos y sociales más inclusivos, innovadores y adaptados a un mercado local, nacional y global que se encuentra en permanente cambio.

En medio de este escenario de apoyo a las PYME, algo importante a considerar es que, la acción del Estado en materia productiva, debe estar basada en un ejercicio de conocimiento directo de las realidades territoriales y sectoriales, ya que, no es lo mismo una empresa ubicada en el sector rural que en el urbano; igual, no es lo mismo una empresa dedicada a la agricultura, al comercio o a los servicios; pues cada tipo de organización tiene su propia dinámica y sus propias necesidades.

En definitiva, el conocimiento específico de las necesidades sectoriales -como las de las PYME- permitirá alcanzar un mayor impacto en las condiciones de vida de la población local gracias al desarrollo de actividades productivas basadas en una diversificación económica territorial (Pinargote y Díaz 2021, 37).

En medio de este escenario de apoyo estatal a las actividades empresariales -con énfasis en las pequeñas y medianas empresas- se debe resaltar, como un ámbito clave de gestión sectorial, a la articulación de un apoyo gubernamental que llegue, con criterios de prioridad, a todas las empresas integrantes del tejido productivo del país.

Siendo importante, en este ejercicio de priorización, la selección correcta de instrumentos de promoción económica adaptados a la realidad específica que exige el desarrollo productivo local y regional como medio de fomento de una competitividad con enfoque sistémico (CEPAL 2001, 6).

Aquí, entes ministeriales encargados del ámbito productivo, comercial y de dinamización de inversiones, deberían ser los llamados a asumir el liderazgo de una política pública orientada a la transformación competitiva de una nación, eso sí, acompañada de altas dosis de equidad social; siendo para ello necesario que esta acción de apoyo estatal esté basada en la concepción de que “mientras las PYME se desarrollen en un ambiente empresarial saludable e inclusivo, estas podrán tener un mejor rendimiento y aportarán en mayor medida a la economía nacional” (CAF 2023, 21).

Ahora, pensando en el efecto sinérgico de la acción estatal, es importante resaltar a otros actores clave que, por su capacidad de incidencia, complementan de forma directa a la acción gubernamental que está dirigida al potenciamiento productivo de las PYME.

En el caso de la cooperación internacional, como complemento a los recursos estatales, es otro actor promotor que emerge, también, como una importante palanca para lograr un efecto inclusivo dinamizador, sobretodo, en aquellos sectores y territorios donde el Estado ha permanecido ausente por años. Ahora, claro, es importante que esa ayuda internacional se articule con la aplicación de recursos públicos y, así, evitar duplicación de esfuerzos y subutilización de dinero que, bien usado, puede lograr impactos más potentes.

La academia, a través de sus funciones misionales -docencia, investigación y vinculación con la sociedad- debe ser relievada como otro aliado clave de las instituciones estatales encargadas del fomento productivo; ya que, la generación de conocimiento científico, se puede convertir en ese aporte direccionador para lograr un encaje entre lo que necesitan las empresas y lo que creativamente se debería hacer para una mejora integrada; en donde “la innovación puede ser motor del progreso económico si sus dos propulsores fundamentales, la generación de conocimiento útil y la explotación y comercialización de ese conocimiento, funcionan y se complementan” (Loría y López 1999, 3).

Con esto se evidencia que, cuando se involucra la academia, esta puede ayudar a mejorar “la productividad de las empresas debido a que los propietarios y colaboradores podrían aplicar medidas más eficientes y eficaces al contar con una base académica para implementar estrategias más efectivas. Sin embargo, la base académica se tiene que acompañar de experiencia a fin de mejorar resultados para las empresas” (CAF 2023, 23).

Los gobiernos locales, por su parte, gracias al conocimiento del perfil específico del tejido de empresas vinculado al territorio que representan, son esos actores que pueden liderar el desarrollo productivo local bajo un enfoque de dinamización de encadenamientos empresariales que, por su efecto sinérgico, podrían aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Llisterri 2002, 2).

Pensando en los gremios empresariales, estos también, al interactuar con los entes gubernamentales, juegan un rol clave dentro del proceso de desarrollo y dinamización de sectores como el de las PYME; ya que, además, de ofrecer servicios para sus agremiados tienen una función de alto impacto denominada incidencia sectorial que, ante todo, busca que las leyes y políticas públicas sirvan de medio para esa transformación productiva que atraiga inversión, aumente la productividad y, con ello, se generen fuentes de trabajo que mejoren el bienestar socioeconómico de la población.

En la construcción de este escenario sobre la acción gremial, desde la óptica del pensamiento estratégico, por ejemplo, las PYME, estarán en la capacidad de identificar ventajas propias de su ubicación territorial para, desde ese potenciamiento local, diseñar y poner en acción ventajas competitivas (Castelletti y Canzanelli 2005, 11).

Otro actor clave a ser considerado, como parte de la acción sinérgica pública y privada para fortalecer y dinamizar a las PYME, son las organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en el apoyo productivo que, gracias a su cercanía con diversos sectores integrantes del tejido empresarial, pueden ser canalizadores de oportunidades comerciales y, al unísono, de espacios de acción dirigidos al desarrollo de capacidades productivas, comerciales, tecnológicas y financieras. Esta acción la pueden cumplir, ya que las ONG, como principio motivador de su origen, buscan ser ese agente articulador entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil (Pinzón 2005, 83).

Metodología

La presente investigación se sustenta en los datos recopilados a través de la Encuesta de Coyuntura de la PYME correspondiente al primer cuatrimestre de 2025, aplicada por el Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Este levantamiento, que se desarrolla de manera sistemática desde el 2011, tiene como propósito analizar el comportamiento, desempeño, perspectivas y entorno de las pequeñas y medianas empresas (PYME) del Ecuador, con énfasis en el sector industrial.

El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo entre los meses de mayo y julio de 2025, obteniéndose información de 553 empresas a nivel nacional. El diseño muestral se estructuró con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error máximo del 5%. La mayoría de las personas entrevistadas fueron gerentes, propietarios y/o directores de las empresas participantes. En cuanto a la estructura de la muestra por tamaño empresarial, el 66,7% corresponde a empresas pequeñas, seguido de un 22,6% de empresas medianas y un 10,3% de microempresas.

Para los fines específicos de esta investigación, se utilizó la sección de preguntas móviles, espacio que en el primer cuatrimestre de 2025 estuvo orientado a recabar información sobre la participación de las PYME en los procesos de compras públicas.

En este sentido, la siguiente investigación se plantea como objetivo analizar los factores que influyen en la participación de este tipo de empresas en los procesos de contratación pública considerando la percepción ética, el tamaño empresarial y el nivel de capacidad del talento humano. Para esto se formularon tres hipótesis, la primera sostiene que la percepción ética sobre el proceso de contratación pública se convierte en un elemento determinante para que las empresas decidan participar o no en estos espacios. La segunda hipótesis plantea que el tamaño de la empresa influye en la participación, considerando las diferencias estructurales entre micro, pequeñas y medianas empresas. Finalmente, la tercera hipótesis analiza si el nivel de capacidad del talento humano dentro de la organización condiciona la probabilidad de involucrarse en estos procesos.

Para contrastar estas hipótesis, se analizaron las variables antes mencionadas tomando como eje común la participación en compras públicas, la misma que fue medida de forma dicotómica (Si/No). En la primera hipótesis, esta variable se comparó con la percepción ética sobre los procesos de compras públicas, variable también medida dicotómicamente. Para la segunda hipótesis se contrastó con el tamaño empresarial, el cual fue clasificado en micro, pequeña y mediana empresa. Finalmente, para la tercera hipótesis, se evaluó la relación entre la participación y el nivel de capacidad del talento humano, variable estructurada en cuatro niveles: alto, medio, bajo y ninguno.

Siendo las variables categóricas, se empleó la prueba de Chi-cuadrado de independencia para determinar la existencia de asociaciones estadísticamente significativas, complementándose con las pruebas de Phi y V de Cramer para estimar la fuerza de la relación en las tablas de contingencia superiores a 2x2. Este enfoque permitió identificar la influencia de estos factores sobra la participación empresarial en los procesos de compras públicas.

Resultados

De manera inicial, es importante destacar que el 89% de las empresas encuestadas señalaron no haber participado en procesos de contratación pública durante los últimos 3 años, mientras que el 11% sí indicó haber intervenido en estos espacios. Así mismo, los resultados revelan que el 28% de las empresas ha considerado participar en futuros procesos de compras públicas, en contraste con el 72% que manifestó no haberlo contemplado.

En lo que refiere a los principales beneficios identificados por las PYME al participar como proveedoras del Estado, los resultados muestran que el mayor ingreso y aumento en las ventas (26%) constituye el beneficio más relevante percibido por las empresas. Le siguen la estabilidad y sostenibilidad (23%), el fortalecimiento empresarial (20%) y el acceso a nuevos mercados y oportunidades (19%), mientras que la experiencia y aprendizaje empresarial (12%) aparece como el aspecto menos destacado. En conjunto, estos resultados reflejan que la participación en los procesos de compras públicas es vista principalmente como un mecanismo de dinamización económica y consolidación financiera.

Gráfico 1.

Beneficios de participar en compras públicas

Fuente: Encuesta de Coyuntura de la PYME del Observatorio de la PyME de la UASB-E. Elaboración: Equipo de investigación

Para analizar si los factores vinculados con la percepción ética, el tamaño de la empresa y el nivel de capacidades del talento humano influyen en la participación de las PYME en los procesos de contratación pública, se plantearon las siguientes hipótesis de investigación:

• H1: La percepción ética que tienen las empresas sobre los procesos de contratación pública influye en la decisión de participar o no en dichos procesos.

• H2: El tamaño de la empresa influye significativamente en la participación de las PYME en los procesos de compras públicas.

• H3: El nivel de capacidad del talento humano de las empresas se asocia significativamente con la probabilidad de participar en procesos de compras pública.

H1: La percepción ética que tienen las empresas sobre los procesos de contratación pública influye en la decisión de participar o no en dichos procesos.

H2: El tamaño de la empresa influye significativamente en la participación de las PYME en los procesos de compras públicas.

H3: El nivel de capacidad del talento humano de las empresas se asocia significativamente con la probabilidad de participar en procesos de compras pública.

Para comprobar estas hipótesis se procedió a realizar las pruebas de chi cuadrado de independencia, al igual que las pruebas de Phi y V de Cramer. Estos cálculos se realizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 30.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Tabla 1.

Resultados estadísticos obtenidos

Fuente: Resultados estadísticos de la Encuesta de Coyuntura de la PYME del Observatorio de la PyME de la UASB-E. Elaboración: Equipo de investigación

Para la primera hipótesis, los resultados de la prueba de Chi-cuadrado mostraron una asociación estadísticamente significativa entre la percepción ética de los procesos de contratación pública y la participación de las PYME en estos procedimientos (X² = 45,594; gl = 1; p< 0,001). La fuerza de relación, medida mediante los coeficientes Phi y V de Cramer (0,287), indica una asociación moderada. Estos resultados permiten aceptar la hipótesis 1, al demostrarse que la percepción ética constituye un factor relevante que condiciona la participación de este tipo de empresas en procesos de contratación pública, siendo la percepción negativa una barrera de entrada a estos procesos.

En lo referente con la segunda hipótesis, la cual plantea que el tamaño de la empresa influye significativamente en su participación en los procesos de compras públicas, los resultados del análisis confirman la existencia de una relación significativa entre las dos variables. La prueba de Chi-cuadrado de Pearson arrojó un valor de X² = 19,854; p < 0,001, lo que indica que la participación de las empresas difiere según su tamaño. De acuerdo con el nivel de asociación, los datos registraron Phi y V de Cramer de 0,189, lo que implica una relación de intensidad débil-moderada, pero estadísticamente significativa. Estos resultados sugieren que el tamaño de la empresa condiciona en alguna manera la probabilidad de participación en procesos de contratación pública.

Finalmente, en cuanto a la tercera hipótesis, que plantea que el nivel de capacidad del talento humano influye en la participación de las empresas en los procesos de compras públicas, los resultados obtenidos sugieren una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. La prueba de Chi-cuadrado de Pearson alcanzó un valor de X² = 10,895 y un nivel de significancia de p = 0,012, lo que permite aceptar la hipótesis planteada. La magnitud de relación fue medida mediante con Phi y v de Cramer, cuyo valore fue de 0,140, indicando una asociación débil pero estadísticamente significativa entre el nivel de capacidad del talento humano y la participación empresarial. Estos resultados sugieren que las empresas con mejores niveles de capacidades internas de su talento humano muestran una mayor probabilidad de participación en procesos de contratación pública.

Discusión

Los resultados demuestran que el tamaño de las empresas influye de manera significativa en la participación de los procesos de compras públicas. En este sentido, la literatura señala que las diferencias en capacidades productivas, acceso a recursos y niveles de productividad generan condiciones desiguales para acceder a mercados más exigentes (CEPAL, 2021, 22). Así mismo, se identifica que las limitaciones para comercialización y el acceso a mercados afectan más a empresas de menor tamaño (Llisterri, 2002, 3), lo que permite entender que este tipo de empresas enfrentan mayores dificultades para participar en procesos como el de contratación pública.

Por otra parte, los resultados asociados a la capacidad del talento humano muestran una relación significativa con la participación en compras públicas, lo cual se alinea con el enfoque teórico que destaca la importancia de la formación y los servicios de desarrollo empresarial como factores clave para la competitividad. En este sentido, autores como Oddonne y Stola (2025) señalan que el fortalecimiento de capacidades internas permite a las PYME mejorar su desempeño y acceder a nuevos mercados. De igual forma, el marco teórico resalta que la articulación entre conocimiento y práctica contribuye a mejorar la productividad y la capacidad de respuesta empresarial, lo cual es consistente con los resultados obtenidos.

Finalmente, en relación con la percepción ética, los resultados muestran una asociación significativa con la participación en los procesos de contratación pública, la literatura revisada reconoce la importancia de la transparencia, la confianza institucional y los mecanismos de control como elementos básicos para un adecuado funcionamiento de las compras públicas (Harper, Calderón y Muñoz, 2016). Desde esa perspectiva, se puede interpretar que una percepción negativa sobre la ética y la equidad de los procesos actúa como una barrera de entrada para las empresas, lo que sugiere la necesidad de profundizar en este componente para futras investigaciones y desarrollos teóricos.

Conclusiones

Las compras públicas representan el 8,6% del Producto Interno Bruto, y en Ecuador este porcentaje supera el 16%. En este espacio emergen las compras públicas inclusivas, con el propósito social de incorporar a sectores tradicionalmente excluidos por el sistema, como los negocios liderados por mujeres, los locales, los de sectores vulnerables y las PYME. Esta inclusión representa una oportunidad para estos negocios, en la que se plantea la corrección de problemas estructurales mediante la apertura de espacios en los procesos de compras públicas.

Existen experiencias latinoamericanas de compras inclusivas que evidencian la complejidad y la riqueza de incorporar a sectores excluidos. En estos procesos, se identifican algunos factores comunes relacionados con la importancia de la capacitación de los sectores que se incorporan, para que puedan desarrollar productos que formen parte de la cadena productiva o vayan directamente a la venta. Asimismo, es crucial entender este proceso de inclusión como algo que requiere progresividad y sostenibilidad en el tiempo, lo que permite la adaptación de las partes involucradas y promueve un desarrollo que perdure.

Las políticas públicas de apoyo al sector productivo, enfocadas a los procesos de contratación pública para las PYME, deben incorporar un componente orientado a garantizar y demostrar la transparencia en estos procedimientos. Solo así las empresas podrán percibir estos espacios como confiables y equitativos. Reforzar estos elementos institucionales no solo mejora la legitimidad del sistema, sino que además podría incentivar una mayor participación de las PYME en las compras públicas, ampliando su acceso a un mercado estratégico para su crecimiento y sostenibilidad, dado la relación que se encontró entre la percepción ética de estos procesos y su participación.

Es fundamental establecer y reforzar procesos de contratación pública diferenciados por tamaño empresarial, lo que permitirá un acceso real y equitativo a estos espacios para empresas de distintas escalas. Dado que la estructura productiva ecuatoriana está conformada mayoritariamente por microempresas, las cuales representan cerca del 93% del total de unidades productivas del país, resulta indispensable que los mecanismos de contratación pública consideren sus capacidades, limitaciones y necesidades específicas. La adecuación de estos procesos constituye un elemento clave para fortalecer al sector productivo más pequeño del país y promover su participación efectiva en este mercado.

La formación y capacitación del talento humano constituye un eje fundamental para las PYME que buscan participar en los procesos de contratación pública. La evidencia muestra que la cualificación interna guarda relación con la predisposición de las empresas a involucrarse en estos procedimientos. Es así que resulta indispensable que las PYME impulsen la contratación y el desarrollo de personal calificado -con competencias sobre uso de aplicaciones digitales, normativa jurídica y tramitología especializadas en compras públicas-, ya que este fortalecimiento de capacidades internas aumenta la posibilidad de acceder de manera efectiva a este mercado estratégico del sector público.

Definitivamente, como se puede apreciar, la orientación de las compras públicas hacia la dinamización del tejido productivo con énfasis en las PYME, es una herramienta potente de política pública pro fomento de la producción y generación de empleo local y nacional. 

De ahí, la importancia que esta herramienta sea usada de forma eficiente y ética adaptada al desarrollo de nuevas tecnologías que, por su poder de impacto innovador, pueden colaborar a la consolidación de la transparencia y la inclusión de actores productivos que requieren de oportunidades para comercializar de manera oportuna y continua sus productos. 

Ahora, claro, para aprovechar la oportunidad de negocios emergida desde la contratación pública, es fundamental que, pensando de forma integrada, se diseñen y ejecuten programas de fortalecimiento para la mejora de la calidad, productividad e innovación de las potenciales empresas a ser parte de este tipo de iniciativas, en donde las entidades gubernamentales nacionales y locales pueden también ayudar en alianza con otros actores interesados en la mejora de la competitividad del tejido productivo de sectores como el de la PYME que, en muchas ocasiones, se ven limitados debido a que sus procesos de producción y comercialización no son capaces de cubrir las exigencias de cantidad, cantidad y continuidad de los abastecimientos que, generalmente, espera el comprador -en este caso el de origen estatal- para que, así, lo que hace no se paralice y, sobre todo, evite efectos negativos en la satisfacción de los usuarios de los servicios que tienden a proveer las organizaciones gubernamentales en sectores clave del funcionamiento de la sociedad.

Finalmente, en todo este conjunto de acciones potenciadoras de las compras públicas inclusivas pro dinamización de sectores como la PYME, un elemento que se debe considerar para cerrar el círculo potenciador del sistema de contratación estatal es la observancia minuciosa y crítica dirigida al aprendizaje de buenas prácticas presentes en otros países de la región. 

Referencias

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